La paz sigue atrapada por la espesa maraña de la corrupción, que permeó el Estado colombiano en niveles descomunales, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.
El robo a los gobiernos por parte de la derecha uribista y santista alcanzó una cifra superior a los 50 billones de pesos anuales, 15 mil millones de dólares: un infierno de plata con el que se habrían podido resolver muchos problemas sociales de millones de personas golpeadas por la pobreza multidimensional.
Esa plata está en los bolsillos y los bancos suizos y de la Florida, de reconocidos cacaos de la oligarquía burocrática enchufada por distintas vías a los presupuestos estatales.
En 2018 se hizo un referendo anticorrupción, con millones de votos (más de 13 millones) para establecer un mecanismo de intervención de este fenómeno, pero la cosa no paró en nada; los efectos fueron nulos porque el problema sigue tal cual.
En 2022 se destapó un escándalo del robo a los dineros de la paz, que algunos estimaron en más de medio billón de pesos, donde aparecen involucrados altos funcionarios del gobierno de Iván Duque, parlamentarios y delegados de la Contraloría general de la república (Ver noticia).
Con la presencia de un nuevo gobierno encabezado por el exsenador Gustavo Petro, y de una fuerte bancada del Pacto Histórico en las cámaras legislativas, se realizó un debate de control político para determinar responsables, montos del despojo y procesos judiciales a incoar. Pero las cosas no fueron tan contundentes, como lo demanda tan aberrante situación.
Desde finales del año anterior la nueva administración del Pacto Histórico inició, desde la oficina del Alto Comisionado de Paz, un proceso de reorganización y para el efecto se designó a Gloria Cuartas. Ella es la encargada de toda la estrategia de implementación de los acuerdos de paz con las Farc, firmados en el segundo semestre de 2016.
Gloria Cuartas es una prestante líder social del Urabá antioqueño, exalcaldesa de Apartadó y víctima de la acción terrorista de los grupos paramilitares orquestados por el ex presidente Uribe Vélez y los generales que están procesados por la JEP por los “falsos positivos”.
Como presidenta del OCAD paz ha realizado una encomiable, férrea y transparente gestión para determinar cuál fue la trazabilidad –en los últimos 72 meses- del despojo de los dineros del Sistema General de Regalías, mediante maniobras contractuales, desvío de dineros, complicidades internas de funcionarios del DNP (ST) y de la ART, del Ministerio de Hacienda y otros Ministerios, el pago de comisiones y sobornos, falsas certificaciones de supervisores y otros procedimientos porosos que es necesario caracterizar porque la corrupción es un monstruo que utiliza procedimientos muy difíciles de detectar.
En esa dirección, las cuatro sesiones adelantadas hasta la fecha (65, 66, 67 y 68) bajo la presidencia de Gloria Cuartas se hicieron con absoluta transparencia para atender los proyectos heredados del gobierno de Duque y consolidar un “estado del arte” sobre los hechos asociados a la gestión de un omiso Emilio Archila que vio pasar la corrupción ante sus ojos. (Ver informe).
Han sido aprobados proyectos muy importantes, como el Acueducto regional del Cauca por casi 90 mil millones de pesos, que comprende los municipios de Balboa, Mercaderes y Patía, curiosamente presionado por el gobernador de ese departamento con visitas a las sesiones del OCAD Paz –Elías Larrahondo, de la cuerda de los clanes corruptos regionales-, frente a lo cual Gloria Cuartas ha pedido la intervención de la Secretaria de Transparencia y de las Auditorias y Veedurías sociales reguladas por la Constitución de 1991, la ley 850 del 2003 y la Ley 1474 del 2011 que establece instrumentos y mecanismos para la lucha contra la corrupción.
También se ha pedido la acción de control social de las Veedurías ciudadanas para proyectos como el de la construcción de vías en Puerto Gaitán (por un valor cercano a los 40 mil millones de pesos); la instalación de plantas fotovoltaicas en veredas del Retorno y Calamar (por más de 15 mil millones de pesos); y otros proyectos de envergadura en Yopal, Sucre, Chaparral, Prado, Cantagallo, que bien pueden consultarse en las actas del OCAD 66 y 68 (Ver informe) y en el Banco de proyectos del DNP.
Todos los esfuerzos de la gestión de Gloria Cuartas se han focalizado en la expedición de un nuevo Reglamento para la selección y adjudicación de nuevos proyectos con los recursos del presupuesto bianual (2023-2024), aprobado hace algunos meses, que fueron recortados por las vigencias futuras autorizadas por Emilio Archila y los miembros del OCAD, en ese momento (primer semestre del 2022).
Esta reglamentación busca corregir las inequidades en la distribución de los recursos que fueron concentrados en varios municipios PDET (Guaviare, Caquetá, Macarena, Patía, Catatumbo) como resultado de su oscura conexión con las redes y telarañas del clientelismo de la ultraderecha uribista.
La nueva reglamentación que debe consolidarse será la base de las convocatorias que se hagan por estos días, y el marco de acción de las Auditorias sociales y Veedurías que Gloria Cuartas, de acuerdo con la Ley, considera centrales en el fortalecimiento institucional y de la reputación de esta entidad afectada por los escándalos y la criminalidad de cuello blanco que aún se mueve en la impunidad, como ocurre con el exjefe de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez.
La Veeduría ciudadana organizada en San José del Guaviare está adelantando todas las gestiones para que el nuevo Reglamente incluya el papel de las Auditorías sociales en los procesos de transparencia para la escogencia de los proyectos de inversión y su ejecución. Es un compromiso del presidente Petro que funcionarios heredados de anteriores gobiernos enquistados allí, quieren anular o entrabar con oscuros procedimientos administrativos y maniobras burocráticas.
Aún falta mucho para que el OCAD paz supere el nefasto capítulo de la masiva corrupción que afecta a los dineros de la implementación de la paz. Esperemos que el liderazgo de Gloria Cuartas alcance sus objetivos en favor de los sectores más débiles de aquellos 170 municipios PDET que después de 9 años no ven los resultados prometidos, debido a que los procesos territoriales de la reconciliación están en el aire, pese a que hay una entidad como la Agencia de Renovación del Territorio ART, escogida funcionalmente para tal menester, pero burocratizada y enmarañada por el clientelismo devastador.
@HoracioDuque8
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