Por HORACIO DUQUE*
Ricardo Bonilla era hasta ayer el ministro de Hacienda del gobierno del presidente Gustavo Petro. Renunció a solicitud del jefe de gobierno, para blindarlo frente al ataque de las mafias políticas del Congreso de la República, conformadas por veteranos parlamentarios de las roscas del bipartidismo liberal conservador y de la ultraderecha neofascista, cuya cabeza mas visible es Efraín Cepeda, actual presidente del Senado, un poderoso gamonal político de Barranquilla, de orientación retardataria, que ha organizado su dominio clientelar mediante el control de instituciones claves del ministerio de Hacienda como Coljuegos -que autoriza loterías y juegos de chance-, la Previsora – principal compañía de seguros del Estado- y la Programación presupuestal, que es el espacio donde se asignan partidas financieras para proyectos que favorecen los contratistas recomendados por las camarillas electorales, locales y regionales. La inmensa fortuna del señor Cepeda está ligada a tales manejos y de eso dan cuenta sus abultadas cuentas en Europa, hasta donde los chanceros y dueños de loterías que le giran las correspondientes coimas.
Bonilla, un prestigioso profesor de la Universidad Nacional y leal compañero de Petro (fue su secretario de Hacienda en la alcaldía de Bogotá) es un economista de izquierda que ha gestionado sus cargos con la mayor seriedad y responsabilidad, en función de los derechos humanos y las demandas populares. Sus labores en el ministerio de Hacienda le implicaron un duro esfuerzo para lidiar con la fatal herencia del expresidente Iván Duque, que endeudó hasta más no poder el Estado con bancos internacionales y nacionales, además de montar un explosivo subsidio a los combustibles que copó la capacidad fiscal de las entidades públicas, el cual ha sido eliminado gradualmente.
Bonilla, como consecuencia de su ingenuidad política y su honestidad intelectual, fue manipulado por las poderosas redes de la corrupción y el tráfico de influencias que pelechan en las entidades del Estado, como es el caso de la Unidad de Gestión de Riesgos (UNGRD) foco de un escándalo en meses recientes; también parece que ese fenómeno se dio en el Instituto Nacional de Vías/Invias.
Una asesora uribista heredada de gobiernos anteriores -quizá manipulada por el presidente del Senado y su patota de gamonales- señala a Bonilla de procedimientos ilegales en algunos proyectos de inversión en Córdoba, Bolívar y Arauca. Esto a todas luces es una desmesura, un montaje político que se articula al golpismo contra el actual gobierno, y que los medios hegemónicos de comunicación están utilizando para socavar a Petro.
Este suceso se presenta en un contexto bastante complicado, por la ocurrencia continua de hechos terribles de violencia en distintas regiones de Colombia (masacres, asesinatos de lideres, imperio de bandas criminales urbanas), por notorias limitaciones de la política de Paz total y por una ascendente movilización de la protesta de organizaciones populares, campesinas e indígenas como los Emberá de Risaralda, los campesinos del Micay y los sindicatos agrarios del Guaviare y el Meta.
Desde el cañón del Micay se está dando un fuerte desplazamiento hacia la capital de la República, para exigir la cancelación de la construcción de una represa sobre el río Micay, con graves daños ambientales. Y para demandar proyectos e inversiones sociales y económicas y presionar la suspensión de un operativo militar en el territorio (la Operación Perseo), que parece estar afectando la vigencia de los derechos y las libertades políticas.
@HoracioDuque8
* Horacio Duque es historiador y analista político.
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