Por DIEGO OTERO PRADA
No hay duda alguna en que hay un exceso de aumento en los precios de los energéticos y de los servicios públicos, y hay que controlarlos. Por ejemplo, las tarifas de la energía eléctrica aumentaron en 2022 cerca de 22% en el interior, y 35% en la costa atlántica.
Pero también ha habido fuertes aumentos en los precios del gas natural y el GLP que monopoliza Ecopetrol, y que afectan al consumidor final y a la generación térmica.
Desde octubre de 2022 se viene aumentado el precio de la gasolina en casi 200 a 300 pesos mensuales por galón, esto se traduce en un incremento de por lo menos 2400 pesos en 2023, cerca de 23% de aumento con relación a 2022, un porcentaje bastante alto.
La decisión del presidente Petro de asumir la regulación de las tarifas es legal. La pregunta es si era necesario cuando en las comisiones de regulación hay presencia de ministros y del jefe del Departamento Nacional de Planeación, y ninguna decisión se puede tomar sin la aprobación de ellos.
Es una decisión arriesgada, porque el examen de las tarifas y precios en general requiere el apoyo de expertos que examinen las normas existentes y estudien donde hay incrementos de precios sin justificación o que se puede hacer para bajarlos, sin perjudicar la rentabilidad normal de las empresas.
Por último, existe la alternativa de subsidiar a los hogares y negocios como se está haciendo en Europa, pero esto requiere de la disponibilidad presupuestal de recursos. Esta posibilidad no se puede descartar.
En Europa los subsidios son enormes
En Europa, cuando se trata de defender a los hogares y negocios, no dudan en apelar a los subsidios, aunque esto sea contrario a la ideología neoliberal que domina en Europa, en la Comisión Europea y en la OCDE, institución en la cual Colombia es un socio, hecho no muy claro para un gobierno que se dice de cambio y antineoliberal.
Como consecuencia de las medidas absurdas contra Rusia, los europeos, por el incremento en los precios del gas natural y de las tarifas de la energía eléctrica, se han visto obligados a subsidiar a hogares y empresas. Se dice que han aprobado 800 billones de euros para estos propósitos. Igualmente, han establecido un impuesto a las ganancias extraordinarias, e, imagínense, para los obcecados por las energía solar y eólica, se les aplica tasas de impuestos fuertes a estas compañías porque han hecho ganancias extraordinarias, a costa de los usuarios.
Medidas para aliviar la situación de los hogares
Mucho se puede hacer para introducir cambios en las tarifas. Aquí van algunas ideas, no necesariamente todas las posibles:
- Revisar la rentabilidad sobre activos que autoriza la CREG, que hoy es de 11% en términos reales, cuando debería ser inferior a 7%.
- Revisar los precios de generación y controlar las ganancias de las empresas generadoras
- Revisar los costos de distribución, comercialización y transporte, mirar por ejemplo los salarios de los directivos
- Bajar el nivel de pérdidas, de alrededor de 12% en el interior y de 17,5% en la costa atlántica, excesivos, que pesan fuertemente en las tarifas. Si se adoptara un nivel internacional de 7%, esto disminuiría fuertemente las tarifas y obligaría a las empresas a invertir y disminuir el fraude.
- Por lo tanto, obligar a un plan para reducir las pérdidas, si es necesario con inversiones del gobierno nacional
- Controlar los precios del gas natural y del GLP manejados por Ecopetrol, que los ha venido fijando cerca de los precios internacionales, con graves efectos sobre la generación por termoeléctricas de gas natural y las tarifas al usuario final
- Controlar igualmente los precios del carbón para la generación.
- Aplicar incrementos según una regulación IPC-X (Price-cap
regulation) en que los precios crecen anualmente según el índice de precios al consumidor-IPC, la inflación, menos un X, para obligar a mejorar la productividad. X es un porcentaje por el cual se quiere que los costos disminuyan. En esta forma los precios no aumentan según el IPC o la inflación sino por un porcentaje menor.
Cambiar la estructura de funcionamiento de las comisiones de regulación
Cuando se discutían las leyes 142 y 143 en el congreso me opuse a la forma como se diseñaron las comisiones de regulación. Propuse, porque las conocía por mis estudios en los Estados Unidos, el tipio de regulación de las comisiones estatales que operaban en esa época en este país. Estuve en el congreso de la República, hablé, presenté propuestas, pero nadie hizo caso porque predominaban los conceptos de Inglaterra y Chile.
La experiencia de los Estados Unidos, uno de los países con mayor tradición en regulación, más de cien años, se caracteriza por los avances logrados por los consumidores. Por ley, todas las decisiones de las Comisiones de Regulación son públicas. El ciudadano americano tiene derecho a un acceso completo y detallado a los libros de contabilidad y a los registros de las empresas, sean públicas, mixtas o privadas. En todas las decisiones participan en el debate abierto y transparente todas las partes interesadas. La regulación americana es democrática y hay un verdadero control ciudadano garantizado por la ley, que no depende del gusto de los reguladores.
La experiencia americana muestra que el cambio más importante que se debe dar en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios es el de involucrar a los usuarios en las decisiones de las Comisiones de Regulación y que se implemente por ley el sistema de audiencias públicas, reglamentadas, con los usuarios representados por expertos, en igualdad de condiciones que los representantes de las empresas, con los comisionados actuando como jueces.
No se trata de realizar audiencias públicas al final del proceso, sino que la discusión debe ser pública desde un comienzo. Para esto hay que modificar la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, para que quede por ley, con una reglamentación adecuada, como será la participación de los diferentes usuarios: hogares, comerciantes, industriales, agricultores y entidades públicas. No es un favor que hacen los reguladores, es un derecho de los ciudadanos que debe instituirse por la ley.
La participación de los usuarios debe darse en todas las materias. En Colombia es clave intervenir en los aspectos metodológicos para definir las fórmulas tarifarias. Tal como se viene dando, las metodologías y modelos que se aplican han sido resultados de estudios contratados con firmas extranjeras, discutidos por los ministerios y los expertos de las comisiones, con fuerte intervención de las empresas y ausencia de los usuarios. Fijadas las metodologías, con sus parámetros como rentabilidad, vida útil de los activos, sistemas de medición del capital, tipos de ajuste y gastos permitidos, es muy poco lo que queda a los usuarios para discutir, además estos no participan en el análisis de estos estudios.
Conclusiones
La verdad es que la ministra de Minas y Energía falló en el famoso acuerdo que hizo con los carteles en octubre de 2022, lo cual se vendió como una gran solución, cuando las tarifas disminuyeron apenas 2-4%.
No había capacidad en el ministerio para enfrentarse a los carteles, y los comisionados de la CREG no propusieron algo original. Hubo una falla total.
Muy peligrosa la decisión del presidente, porque si no actúa técnica y económicamente, asesorado de expertos, que deben ser ingenieros electricistas con altos niveles académicos y de conocimiento del sector eléctrico, economistas y uno que otro abogado para estudiar la legalidad de las medidas, ya que el ministerio de Minas y Energía no cuenta con personal adecuado, se pueden ver frustradas las esperanzas de un cambio o tomar medidas equivocadas.
Esto para lo que tiene que ver con las tarifas de energía eléctrica, pero lo mismo ocurre con las de agua y alcantarillado, del gas natural y el GLP. Aquí hay que ponerle el tatequieto a Ecopetrol, porque el gas natural y el GLP han tenido aumentos muy altos en los últimos años.
Pero en cuanto a los precios de las gasolinas y el diésel oíl, la política neoliberal del ministro de Hacienda hay que pararla. Primero, acabar con el Fonde Estabilización de Combustibles, monstruo uribista aprobado en el plan de desarrollo de 2007-2010 que debería derogarse en el nuevo plan de desarrollo nacional (que por lo que se conoce lo ratifica) La política de precios de los combustibles no puede ser tan rígida. Hay que ser flexibles, aumentar de acuerdo con las circunstancias, sin verse obligados por este monstruo. Un gobierno de izquierda nunca lo permitiría.
Definitivamente, las tarifas de los servicios públicos han aumentado demasiado y hay que cambiar esta situación. En esto estamos de acuerdo con el presidente, pero hay que hacerlo bien, sin populismo, que beneficie a los usuarios, pero que no perjudique a las empresas.
Y si hay que subsidiar como en Europa, pues hacerlo, sin miedo de la derecha y de los neoliberales dentro del gobierno y por fuera.
@DiegoOteroP
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