Frente al gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, los líderes de los partidos Conservador y Liberal concibieron el régimen militar como una interrupción transitoria, cuya finalidad era la reducción de la violencia política. En sus planes no estaba la idea de que él como mandatario les ofreciera competencia en materia de representación política. En tal medida, cuando comenzó a verse que detrás de su gestión avanzaba un proyecto electoral independiente de los partidos tradicionales, una especie de “Tercera Fuerza”, esto generó descontento en los partidos políticos y en algunos sectores de las Fuerzas Militares.
Así las cosas, los principales dirigentes liberales y conservadores iniciaron conversaciones hacia la restitución del control democrático del poder. La oposición al régimen de Rojas se fortaleció, convocando a los partidos políticos, la Iglesia, los gremios y sectores militares, lo cual condujo a la conformación de una Junta Militar de transición en mayo de 1957. Los partidos establecieron de ese modo un pacto conocido como Frente Nacional, por el cual se estableció la alternancia en el poder y el reparto equitativo de cargos públicos entre los dos partidos hegemónicos, por un período de 16 años. La intervención militar, por ende, terminó siendo más un mecanismo de estabilización auspiciada por los mismos partidos tradicionales, que una toma del poder por parte del estamento militar.
El referido Frente Nacional inició con Alberto Lleras Camargo el 15 de mayo de 1957, quien pronunció un discurso ante las Fuerzas Militares en el Teatro Patria de Bogotá, donde estableció los lineamientos para las relaciones entre los partidos políticos y el estamento militar:
“La política es el arte de la controversia por excelencia. La milicia, el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad porque abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función. Si entran a deliberar, entran armadas”.
«No hay mucho peligro en la controversia de los civiles cuando la gente está desarmada».
«Pero si alguien tiene a sus órdenes, para resolver la disputa, cuando ya carezca de argumentos y pierda la paciencia una ametralladora, un fúsil, las Fuerzas Armadas irán a todos los extremos, el ambiente se volverá más violento, irracional. No buscará el entendimiento sino el aplastamiento y todo acabará en la batalla».
«Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política, como dice la Constitución, porque además han sido creadas por toda la nación. Porque la nación entera sin excepción, de grupo, ni de partido, ni de color, ni de creencias, sino el pueblo como masa global les ha dado las armas, les ha dado el poder físico con el encargo de defender los intereses comunes, les ha tributado los soldados, les ha dado fuero, y todo ello con una sola condición: que no entren con todo su peso y su fuerza a caer sobre inocentes por cuenta de otros ciudadanos«.
Este discurso se asume como el “gran contrato de recíproco respeto entre el Gobierno y las Fuerzas Militares”, de forma tal que el Presidente reiteraba su autoridad sobre el poder militar, reconociéndoles a los militares un grado de autonomía en cuanto al manejo de sus asuntos internos.
El rol de las Fuerzas Militares, por tanto, desde finales de los 50 y principios de los 60, se concentró en el mantenimiento de la seguridad del régimen democrático a través del control del orden público. La situación de seguridad interna, especialmente a través de la figura del estado de sitio, le permitió a los militares retener un grado importante de participación en los asuntos públicos. Los militares obtenían el derecho de jurisdicción sobre los civiles, aunque el grado de efectividad y uso de este tipo de atribuciones fue diferencial en los municipios del país.
El deterioro de las condiciones de seguridad interna y el aumento de la protesta social llevaron a que en 1978 el presidente Julio Cesar Turbay Ayala promulgara el Decreto Legislativo 1923, más conocido como el Estatuto de Seguridad. Este documento resumió las leyes previas contra la subversión y buscaba aumentar el control de la fuerza pública frente al conflicto armado, lo que llevó a la contención violenta de la protesta social, y en particular de la actuación de los sindicatos.
El actual proceso de paz ha sido el escenario más político y debatido en el que han participado los militares en más de sesenta años de historia, haciendo más visibles las tensiones existentes.
Dos elementos han cambiado sustancialmente desde el contexto de negociación de Pastrana al actual de Santos. Las Fuerzas Militares difieren mucho en tamaño, capacidad y organización, y mientras la primera negociación se estableció tras una serie de derrotas militares, la presidencia de Juan Manuel Santos se daba tras importantes golpes a las estructuras guerrilleras. Algo que refuerza la idea de los militares respecto de la cual, era viable sostener una estrategia de confrontación y, por ende, infligir una derrota militar a la guerrilla.
Las Fuerzas Militares colombianas son hoy día un cuerpo mejor equipado y de dimensiones considerables. En 2017 llegaban a 369.100 miembros, lo cual sitúa a Colombia muy por encima de vecinos regionales como México y Brasil, que son los países de mayor población en América Latina. La tasa de soldados por 100 mil habitantes en Colombia es de 781, mientras que países como Estados Unidos tienen tasas de 424, Francia 305 o Rusia con 560.
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