Por GERMÁN AYALA OSORIO
Lo más probable que ocurra con un triunfo electoral de Gustavo Petro es el debilitamiento del actual régimen, que deviene mafioso y criminal. Va a depender, claro está, del modo en que como reaccionen los sectores más violentos y retrógrados del uribismo.
Si los militares activos y retirados que odian a Petro por haber hecho parte del M-19 abandonan la idea de “hacer invivible la República”, o quizás de asesinarlo, es probable que se dé la anhelada transición que nos permita con el tiempo hablar del viejo régimen. Y del comienzo de uno nuevo, ojalá menos criminal, mafioso y corrupto. Imagino que entre la clase política y empresarial también estarán pensando en “neutralizar” al único que pone en riesgo sus intereses.
Bajo esas circunstancias, lo que se puede esperar de un gobierno de Petro y Francia Márquez, más allá de las promesas de campaña, es un cambio de cartilla frente a las Fuerzas Armadas (Ejército, Policía y Armada), o quizás una purga que saque de circulación a oficiales, suboficiales y soldados profesionales que aún siguen los principios operacionales de la Seguridad Democrática.
Si para llevar a militares activos a La Habana a hablar de paz Juan Manuel Santos tuvo que cambiar la cúpula y dar un brusco giro ideológico que les permitiera entender a militares y policías que la negociación política con las Farc-Ep se asemejaba a un triunfo militar y político, Petro deberá esforzarse más, no solo por su pasado como subversivo, sino por el concepto del «honor militar» que Uribe logró introyectar en la cúpula militar y en las tropas, como si se tratara de como si se tratara de su propio Ejército.
Petro sabe que la restringida democracia colombiana funciona basada en el peso de la tradición, el poder de los militares y el supuesto respeto a los escenarios democráticos, los mismos que confirman que vivimos en una democracia meramente electoral. Si logra controlar a las fuerzas reaccionarias al interior de las instituciones castrenses, en particular dentro del Ejército, deberá iniciar un trabajo de transformación de esa fuerza represiva que ha sido fundamental para generar miedo y vender seguridad.
Ese segundo momento tiene en el control del gasto militar a su objetivo más claro, incluso por encima del operacional. Vigilar con lupa el gasto y la inversión en defensa deberá llevar a la consolidación de una idea de posconflicto que, sin erosionar el honor militar, les haga entender que los estudiantes, profesores, librepensadores, sindicalistas y gente de izquierda no hacen parte de eso que se conoce como el “enemigo interno”.
De manera concomitante, el ministro de Defensa que designe Gustavo Petro no solo deberá conocer por dentro al Ejército, sino que no podrá tener tacha alguna. Deberá actuar con firmeza para desmontar cualquier red de corrupción existente y controlar a los troperos que muy seguramente se incomodarán ante el cambio de doctrina.
Mientras ello ocurre, deberá ponerse en marcha una política de paz que le apunte a la desmovilización del ELN y de las propias disidencias de las antiguas Farc-Ep. No se podrá continuar aportando desde la guerra a los incumplimientos de lo acordado en La Habana, y las relaciones entre militares y bandas de narcotraficantes como las que denunció alias Otoniel, deberán desaparecer. La mejor forma de restarle legitimidad a la caverna política, es transformar el actual régimen de poder, apuntando a consolidar una paz completa en todos los frentes.
Los cambios también deberán llegar a la Policía Nacional. Su paso al ministerio del Interior no podrá ser cosmético, como sucedió con el disfraz de policía que Iván Duque se puso y exhibió como el gran logro institucional. Dignificar el trabajo policial es urgente. A esa institución no puede continuar llegando la clase de hombres, según reconoció hace varios años un general en ejercicio, era lo que daba la tierrita.
Corregir las desviaciones misionales que el conflicto armado interno produjo dentro de la Policía será una tarea ardua y dispendiosa. Aquellos oficiales que piensan como militares, no como civiles garantes del orden ciudadano, deben ser reemplazados. Para el campo ya existen propuestas de una policía rural que trabaje de la mano de las comunidades campesinas, indígenas y negras.
Petro Urrego y Francia Márquez deben saber que, para sacar adelante su proyecto político, deberán trazar y sembrar semillas de un cambio cultural profundo. Y ello implica proscribir el ethos mafioso que el uribismo validó entre 2002 y 2010 y, luego, entre 2018 y 2022. El reto es de tal dimensión que, para desterrar esas prácticas de origen claramente delincuencial, es preciso que la figura de Uribe Vélez termine repudiada por las grandes mayorías, en función de sentar las bases para una Colombia decente y de veras progresista.
Esta última tarea se debe hacer casi de la misma manera como los alemanes hicieron con la imagen de Adolfo Hitler.
@germanayalaosor
* Imagen de portada, de ICNdiario.com
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