Por GERMÁN AYALA OSORIO
Se veía venir: la decisión del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, de solicitar preclusión de la investigación penal contra Álvaro Uribe, corresponde a una claudicación de la justicia frente al poder oscuro e intimidante del expresidente y expresidiario (1087985) y una acción prevaricadora del susodicho fiscal.
La solicitud de preclusión busca garantizar la impunidad del imputado y legitimar la captura de la justicia, en este caso de la Fiscalía General de la Nación. Así a Uribe, como los carros marca Toyota, no le pasa nada. Al parecer no hay juez de la República que pueda someter al expresidente antioqueño, pese al cartapacio de pruebas de las que se puede colegir que manipuló testigos directamente y a través de terceros, para evitar que testigos claves y creíbles aportaran a la justicia pruebas que demostrarían que el latifundista de Salgar participó, coadyuvó y apoyó la conformación de grupos paramilitares.
Algunos periodistas, confundidos con la aplicación de los criterios de noticiabilidad, elevaron al estatus de noticia la decisión del ladino fiscal Jaimes. Al hacerlo intentaron borrar los previos señalamientos y advertencias de abogados penalistas, columnistas y académicos respecto a que esa sería la decisión final. Un hecho es noticiable porque deviene cargado de valores como la sorpresa, su impacto y lo inesperado que pueda llegar a hacer, entre otros. En este caso no puede ser noticia la decisión judicial, políticamente correcta para los intereses de los sectores de la Derecha y la ultraderecha que rodean al caballista de Salgar, porque ya el país entero sabía de antemano lo que habría de acontecer. Críticos del desgobierno de Duque ya venían advirtiendo sobre la solicitud de preclusión para el proceso que se adelanta en contra de «El señor de las sombras», como llamó a Uribe Vélez en su libro el periodista Josep Contreras.
Pero dejemos de lado el problema de lo noticioso y de lo noticiable y continuemos señalando los efectos jurídico-políticos que dejará la decisión judicial de Gabriel Jaimes.
En primer lugar, hay que esperar que Jaimes radique ante un juez de conocimiento la solicitud de preclusión de la investigación penal. El juez deberá decidir si acoge o no la solicitud de quien fungió desde el principio como defensor del expresidiario y expresidente.
En segundo lugar, se hace oficial que la Fiscalía de Barbosa opera bajo los intereses y las indicaciones del gobierno de Iván Duque. Se explica lo anterior en la cadena de complicidades que nacen de la amistad que existe entre Iván Duque y el Fiscal General de la Nación. A su vez, Duque le debe a Uribe la presidencia, lo que lo obliga políticamente a protegerlo.
En tercer lugar, la actuación de la Fiscalía y la del gris fiscal que solicita la preclusión bien podría motivar a que la Corte Suprema de Justicia se manifieste, por cuanto Gabriel Jaimes no solo desconoció el material probatorio entregado por los magistrados de la Sala de Instrucción de dicha Corte, sino que pone en tela de juicio el criterio jurídico de los togados, cuando advierte la Fiscalía en el comunicado de prensa, que “el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”.
Así las cosas, la lectura y la interpretación a todas luces maliciosa e interesada que hizo el fiscal Gabriel Jaimes, debería provocar su tsunami judicial y jurídico, pues es evidente que el ente investigador deviene capturado por el uribismo. Este 5 de marzo de 2021 el país lo recordará como un día vergonzoso para la administración de justicia.
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