A nadie puede sorprender la metástasis de un cáncer que ha descuidado por 30 años. La reciente solicitud de retiro del sistema de salud que ha hecho Sura — su quiebra, hablando en “plata blanca”— no solo tiene las características de la metástasis del sistema, sino que hace malpensar (piensa mal y acertarás) que podría ser parte de la carga profunda que intenta socavar los cimientos del gobierno de Gustavo Petro. Ahora bien, que no parezca que intento hacerlo ver como un asunto trivial o minimizar su gravedad, solo pretendo ponerlo en perspectiva, pues en el calor de la inmediatez, la mala memoria y el amarillismo mediático parecería que estamos al borde del colapso.
Dentro de las más de 100 EPS que se han liquidado o intervenido desde que entró en vigor la Ley 100 hay casos emblemáticos, como los de Medimás, Cafesalud, Humana Vivir, Cruz Blanca o Coomeva, que ocuparon muchos titulares, pero de muchas otras no solemos tener registro en la memoria. Me refiero a EPS cuyos nombres parecen sacados del realismo mágico, como Selva Salud o Ambuq, o que incluso tienen un aire de sarcasmo, como Suiza de América. En esta lista póstuma, tanto entre las más sonadas como entre estas últimas, que quizás tuvieron una alcance demasiado local o regional, hay EPS liquidadas en los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque, que suman 24 años, y en ningún caso, como tampoco en los casi 100 que quedan por fuera de esta lista, los medios o los líderes de oposición del momento salieron a gritar a voz en cuello “el presidente quiere quebrar el sistema de salud”. ¿Por qué no se culpó en esos momentos al Gobierno y ahora sí?, ¿qué hace la diferencia?
En primer lugar, porque cuando un cáncer muestra los primeros síntomas, generalmente no parece grave; estos son apenas un dolor de cabeza o de estómago que con analgésicos se cura.
En segundo lugar, porque ninguno de los gobiernos anteriores al de Petro había propuesto una reforma estructural y tan profunda al sistema como lo ha hecho este. No obstante, la reforma no ha pasado de ser una iniciativa legislativa frustrada, de modo que poco o nada tendrá que ver en el descalabro de Sura.
Y en tercer lugar, por la narrativa de los medios hegemónicos. Llama la atención que nadie parece preguntarse por la responsabilidad que la misma EPS pueda tener en esta crisis, a pesar de que un informe reciente de la Contraloría reveló que entre 18 EPS habían desviado la bicoca de 9 billones de pesos. Lo que no conocimos los colombianos fue el desglose de esa desviación de recursos de la salud para otros fines, es decir, cuánto desvió cada una, pero la lógica permite deducir que entre más grandes las EPS más grande debe ser el pedazo que les corresponde en esa torta. La responsabilidad penal en estas irregularidades parecen hasta ahora diluirse en “18 EPS” sin que hasta ahora hayan aparecido dolientes con nombre y apellido. De hecho, el mismo informe revelaba que “solo cinco cumplen con la ley” sin mencionar tampoco de cuáles se trata. En resumen, ¿Sura está entre las 18 primeras o entre estas cinco últimas?
Sin embargo, más allá de la responsabilidad que las mismas EPS puedan tener en su crisis, sorprende que el ejercicio periodístico de los grandes medios del país no haga las preguntas incómodas —como esa participación en el desvío de los 9 billones— y que tampoco resalte que la misma Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana, haya dejado claro en la rueda de prensa que los problemas que llevaron a la decisión de Sura son estructurales, y que, como lo dijo en entrevista en Blu Radio, el actual gobierno —tanto como los anteriores— ha sido puntual en el giro de los recursos.
Lo mismo sucede con la accidentada transición que ha tenido el modelo de salud de los maestros, en la que todos los ojos están puestos en el Gobierno, pero nadie se pregunta cuánta responsabilidad les cabe a los operadores en esta a todas luces equivocada intención de anochecer el 30 de abril con un modelo de salud y despertarse el 1 de mayo con otro. En la desmemoria que nos caracteriza, no solemos recordar lo traumáticos que fueron los lanzamientos del RUNT o de la planilla PILA, y para el Estado no parecieran ser lecciones aprendidas.
Todo parece indicar entonces que el hundimiento de la reforma a la salud nos está conduciendo a un escenario bastante insensible: el “shu, shu, shu” que vaticinó Petro: ver morir las EPS en un efecto dominó sin haber hecho lo que correspondía para evitar la debacle, una reforma que, aunque imperfecta, pretendía ser una quimioterapia para el cáncer.
Eso sí, no se habían enfriado las sillas de la rueda de prensa de Sura cuando ya los medios hicieron eco de la frase “Estamos presenciando la destrucción del mayor avance social del país en toda su historia. Irreversible”, dicha por Llano. Y las redes sociales se inundaron de llamados a un paro nacional indefinido, al juicio político, a exigir la renuncia del presidente; Lafaurie hasta dijo, según Semana, que “todo está listo para el golpe de Estado”. Y aunque lo dijo en el sentido de la fantasía derechista de una alianza entre Petro y la guerrilla para éste perpetuarse en el poder, creo que hay algo de lapsus en su expresión.
Ante esto el apocalipsis parece cosa de niños, pero es una EPS más. Grande, sí, pero una más. Y no es la primera ni será la última.
*Historiador de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Corrector de textos para editoriales. Ha colaborado en publicaciones de la FAO y varias ONG. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Correctores de Estilo (Correcta), de la que además es miembro fundador. Formó parte del equipo editorial que tuvo a cargo la edición del Informe final de la Comisión de la Verdad.
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