Colombia es un país que se resiste a ser moderno y civilizado. Quienes se niegan a dar ese paso son actores políticos y sociales legales que se oponen a que el país avance hacia estadios de modernidad representados en condiciones de progreso y desarrollo para todos los colombianos; otros son agentes económicos que además de ser precapitalistas y codiciosos, acuden a «todas las formas de lucha» para mantener las impúdicas condiciones de vida que soportan 25 millones de colombianos pobres, fruto de un modelo neoliberal que solo ha servido para privatizar el Estado y extender en el tiempo los privilegios de unas pocas familias. Y claro, no podían faltar los actores armados ilegales, anquilosados en sus sueños revolucionarios, ni los cientos de miles de colombianos que con un bajo capital social insisten en resolver sus diferencias a través de la violencia verbal y física. Y en lo que concierne a su actuar político, se acostumbraron a vender el voto a cambio de migajas.
Desde sus respectivos partidos, Germán Vargas Lleras, Álvaro Uribe y César Gaviria han decido jugársela toda para evitar que las reformas laboral, pensional y de salud propuestas se aprueben en el Congreso. Ellos, inmersos en el país político tradicional, actúan en identidad política y corporativa con los magnates que de tiempo atrás financian sus aspiraciones, convertidos estos últimos en obstáculos infranqueables para que Colombia por fin recorra los amplios caminos de la modernidad.
Estos tres sujetos premodernos, violentos y mezquinos, quieren seguir manteniendo al país en las mismas condiciones de inequidad, pobreza y exclusión, circunstancias estas que les conviene extender en el tiempo, para beneficio de sus partidos políticos.
El poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, otro opositor económico y político del gobierno de Gustavo Petro, funge como un actor económico precapitalista y feudal que lucha por mantener sus privilegios de clase, bajo una incontrastable codicia, lo que lo ubica como uno de los mayores escollos para que el país empiece a recorrer los caminos de la justicia social, ambiental y económica.
El ELN, las disidencias farianas y grupos narco-paramilitares como el Clan del Golfo, hacen parte de esos actores armados ilegales que se oponen a que el país avance hacia estadios civilizados. A pesar de sus diferenciadas luchas y objetivos, confluyen en el mismo resultado: no dejan avanzar al país por cuenta de sus actos de barbarie y la inutilidad de sus “proyectos políticos”. Lo que el país necesita es que cada uno de los actores aquí señalados depongan sus mezquinos intereses, pero, sobre todo, que entiendan que ya es tiempo de firmar un nuevo contrato social.
@germanayalaosor
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