Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con la elección de Margarita Cabello Blanco como nueva Procuradora General cinco meses antes de que haya entregado su cargo Fernando Carrillo, se ratifica la intención del Ejecutivo de hacerse con ese ente control y de consolidar el debilitamiento de los pesos y contrapesos de la ya débil democracia colombiana.
Cabello compartirá el escenario teatral (del tamaño de un bolsillo) con el actual Contralor General de la República, el recién electo Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la Nación. Al ser todos amigos cercanos del presidente, fungir como sus subalternos y ser probados áulicos del Reo de Salgar, la institucionalidad de las entidades estatales, de control y de investigación que representan queda capturada y sometida a la voluntad no solo del presidente de la República, sino de los intereses sectoriales que este representa.
Una vez en el bolsillo, estas entidades y sus máximos responsables servirán, en el caso de la jefa del Ministerio Público, para amedrentar y perseguir a alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y congresistas de la oposición. Ya la misma Margarita Cabello dejó entrever que el tema de la corrupción no guiará su gestión. Para el caso de la Defensoría del Pueblo, la tarea asignada será la de minimizar la delicada situación de violación sistemática de los derechos humanos. Encubrir la responsabilidad de los agentes estatales comprometidos en la comisión de disímiles delitos sería uno de los objetivos del recién electo Defensor del Pueblo. En esa medida, trabajará de la mano con la señora Cabello Blanco.
En lo que corresponde al Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, se espera que mantenga engavetados juicios fiscales y procesos delicados que tienen que ver, por ejemplo, con la apropiación indebida de baldíos en la altillanura por parte de ciertos ingenios azucareros del Valle del Cauca. Cerrar los ojos ante las arremetidas de agentes privados y estatales en contra de delicados y estratégicos ecosistemas naturales, constituye desde ya un aporte sustancial.
En lo que toca al actual Fiscal General, Francisco Barbosa, su misión será mantener ese órgano de investigación en los niveles de inoperancia, ineficiencia y corrupción que ya el país conoce, o sea que le será una tarea relativamente fácil.
La pregunta que salta a la vista es: ¿qué le falta al régimen colombiano para ser igual o peor que el de Nicolás Maduro Moros? La respuesta es esta: solo le falta capturar, someter y manejar a las Altas Cortes, en particular a la Corte Suprema de Justicia, y dentro de esta a la Sala de Instrucción, cuyos cinco magistrados tuvieron la osadía de tocar a quien hasta hace un tiempo era el intocable y se creía por encima de la ley, como si fuera una deidad: Álvaro Uribe Vélez.
En cuanto al manejo de las FF.MM. y de la Policía, se debe señalar que dentro de dichas fuerzas no hay consenso en la obediencia debida al Ejecutivo, en particular al exsenador Uribe, pese a disponer de una cúpula tropera, enemiga del proceso de implementación del Acuerdo de Paz y de la consecución de una paz estable y duradera. Las fisuras que hoy dejan ver las Fuerzas Armadas en su interior, aunque todavía no dan para hablar de <<ruido de sables>>, sí dejan ver la pérdida de la mística y el honor militares, según lo develan los actos de corrupción dentro del mundo castrense, los mismos que se volvieron paisaje entre 2002 y 2010. Los militares, en particular la alta y burocrática oficialidad (generales de alto rango) seguirán haciéndolo el juego al régimen político, eso sí a cambio de todo tipo de gabelas que aportan al ya imparable desprestigio de los miembros del Ejército, en particular.
Así las cosas, mientras el Ejecutivo hace todo para que los órganos de control y sus responsables actúen en el angosto bolsillo del pantalón del (sub)presidente, el Fiscal Barbosa hace ingentes esfuerzos para extender en el tiempo los altos niveles de impunidad de los procesos, al tiempo que sus fiscales afectos guardan silencio cómplice frente a casos delicados que tienen que ver con paramilitarismo y actividades de narcotráfico que involucran agentes económicos y políticos de la sociedad civil colombiana.
Queda claro entonces que asistimos a la “venezolanización” del régimen colombiano, a la vez que el uribismo intenta fortalecerse, ante la eventual caída del caudillo. De cara a las elecciones de 2022 y ante el creciente malestar social que deja la nefasta gestión económica de Duque en el marco de la pandemia, están los agentes uribistas amarrando de nuevo a la burocracia oficial para obligarla a votar por el que diga el reo 1087985: un Char, un Sergio Fajardo, un “Fico” Gutiérrez o cualquier otro que se comprometa con el mantenimiento de los niveles de indignidad del actual régimen de poder.
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