Por GERMÁN AYALA OSORIO
Con la decisión que acaba de tomar la procuradora Margarita Cabello Blanco de suspender al alcalde de Medellín, abiertamente ilegal, se ratifica la captura mafiosa que el gobierno de Iván Duque Márquez hizo de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía.
Suspender a Daniel Quintero va en contravía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, Cabello Blanco desconoce el fallo del organismo internacional y niega el derecho a un debido proceso al disciplinado alcalde. Sin duda alguna la procuradora, ficha política de Álvaro Uribe y el clan Char, se extralimitó en sus funciones y actúa con un talante que socava la legitimidad de la institución que representa, al tiempo que naturaliza el manejo clientelista y electorero del órgano de control. Cabello Blanco hizo lo mismo con el alcalde de Ibagué.
Rodrigo Uprimny sostiene que la procuradora exhibe un “evidente sesgo, porque suspende alcaldes pero ignora evidentes intervenciones electorales del presidente Duque… El sesgo también es evidente porque procuradora no suspendió con igual rapidez al comandante del Ejército frente a su clara intervención en política electoral, que es gravísima, pues desconoce que las FF MM no son deliberantes y deben ser neutrales políticamente…Suspensión desconoce sentencia caso Petro de Corte IDH, que dijo que entidad administrativa como Procuraduría no puede separar de su cargo a funcionarios electos; sólo puede hacerlo un juez”
La tarea disciplinante de la Procuraduría no puede estar soportada en el doble rasero con el que está actuando Margarita Cabello. Es claro que no está midiendo la participación en política del alcalde de Medellín con el acto de deliberación en el que incurrió el general Zapateiro, cuando se enfrentó a Gustavo Petro a través de las redes sociales. De igual manera, fue incapaz de llamar la atención a Iván Duque, quien en su rol de presidente, rompió la neutralidad, exhibiendo que el candidato de él y de su gobierno es el antioqueño, Federico Gutiérrez, alias Fico, quien además es el nuevo ungido del expresidente Uribe Vélez.
Muy seguramente siguiendo instrucciones de Duque, Uribe y/o del exprocurador Alejandro Ordóñez, ordenó la suspensión haciendo primar los intereses electorales y políticos de lo que se conoce como el uribismo. Huelga recordar que Quintero se convirtió para el expresidente y ex presidiario en un férreo enemigo de sus intereses.
Si algo caracteriza al uribismo es su capacidad para erosionar la institucionalidad estatal y darle cabida al manejo político en la administración de lo público. Dejar la operación del Estado sujeta a los caprichos de los funcionarios que están al frente de las entidades estatales, ha sido la manera más eficiente de privatizar entidades como la procuraduría, hoy en manos de una ladina y gris funcionaria.
Con la acción temeraria de Cabello Blanco, nos acercamos aún más a lo que sucede en el régimen de Nicolás Maduro Moros en Venezuela. Hace rato nos convertimos en Venezuela. El régimen uribista tiene en sus bolsillos a todo el ministerio público, a la Contraloría General y a la Fiscalía.
Lo hecho por Cabello Blanco constituye una afrenta contra la democracia y el constituyente primario. El país extraña los días en los que operó el síndrome de la Procuraduría. En aquellos años, los funcionarios y en particular los militares, temían a las investigaciones que abriera el Procurador General de la Nación. Por el contrario, hoy, mientras hagas parte del régimen uribista, es suficiente garantía para violar las leyes y la Constitución, porque los órganos de control devienen capturados y operan con el doble rasero que sustenta las actuaciones de Margarita Cabello Blanco.
@germanayalaosor
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