Por JORGE SENIOR
Una bomba social está a punto de estallar en la Costa Caribe. En el último año las tarifas de energía se han incrementado entre un 39% y un 42%, mientras que en el interior del país el incremento promedio ha sido de 18% (que también es alto, pero menos de la mitad que en el litoral).
Algunos ven el origen de esta situación en un articulito, el 318 del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, como expusimos en columna reciente. Esta jugadita, votada a favor por los congresistas de la Costa, le permitió a la CREG implementar un régimen tarifario especial que, gracias a una interpretación amañada, termina cargándoles a los usuarios las pérdidas no técnicas que son culpa de la ineficiencia de la empresa prestadora del servicio.
El artículo 87 de la ley 142 de 1994 que rige los servicios públicos dice que “las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente”. Y el artículo 94 de la misma ley dice “no se permitirán alzas destinadas a recuperar pérdidas patrimoniales. La recuperación patrimonial deberá hacerse, exclusivamente, con nuevos aportes de capital de los socios, o con cargo a las reservas de la empresa o a sus nuevas utilidades”. Esto significa que las empresas Air-e y Afinia, que se reparten el mercado costeño tras reemplazar a Electricaribe en un turbio negociado, están violando la ley. Ese es apenas uno de varios argumentos jurídicos y técnicos que sustentan la posibilidad de tomar la vía judicial para enderezar este entuerto.
No voy a abundar aquí en el análisis de la fórmula que regula el cálculo de la tarifa y genera la factura que golpea a los usuarios, sean domicilios o empresas. Esa tarea la está realizando una mesa técnica de expertos independientes que no se quedan en el tema del alza exagerada actual producida en el gobierno Duque, sino que van al fondo de la cuestión: el modelo de prestación del servicio. Un modelo que es producto del auge privatizador que sucedió en los años 90 después de la caída del muro de Berlín y la consolidación del llamado “consenso de Washington”, que no es otra cosa sino la ideología neoliberal. Este grupo de trabajo en alianza con diversas asociaciones y mediantes foros y mesas redondas aspira a elaborar como propuesta alternativa un nuevo modelo que el gobierno del Cambio pueda implementar.
Ahora bien, la figura particular que adoptó el viejo modelo en las últimas tres décadas es el resultado de un conciliábulo que se conoció como el “Acuerdo de la Montaña”, pues se originó en Medellín. La enredada madeja de negocios y compraventas que se formó llevó finalmente a que hoy aparezca Alberto Ríos Velilla como uno de los propietarios de Air-e y por el lado de Afinia aparecen las EPM de Medellín, manejada durante décadas por el sindicato antioqueño, hoy llamado GEA: grupo empresarial antioqueño. Lo que no esperaba el GEA era perder la Alcaldía de Medellín y luego la Presidencia de la República en manos de la izquierda o de alternativos. Así que en el ajedrez económico y político actual, el caso de Afinia difiere del caso de Air-e, pues las riendas de la primera no están lejos de fuerzas políticas alternativas.
El modelo actual está diseñado para beneficiar al capital privado, cuyo poder económico domina al poder político, todo ello velado por un discurso justificatorio que pinta la inversión en el mercado eléctrico como un “sacrificio”, especialmente en el caso de la Costa, pues según el coro de empresarios y políticos amangualados, “los costeños son los que más roban energía”. Sorprende la pasividad, la desidia y la ineptitud de la clase política costeña que ha permitido una situación de desequilibrio que perjudica a la competitividad de la Región Caribe en todos los sectores económicos (pero más en aquellos que son intensivos en energía) y desde luego afecta a la población de todas las clases sociales productivas. O tal vez no es desidia sino complicidad.
Cambiar el modelo implica replantear el rol de lo privado y lo público y poner la tecnología al servicio del equilibrio entre las regiones mediante el desarrollo completo de la infraestructura de interconexión eléctrica en función de aproximarnos cada vez más a la nivelación nacional de tarifas. Esa debe ser la mira.
Desde esta tribuna proponemos que la bandera de la unificación nacional de tarifas de energía sea la máxima aspiración que guíe la movilización de la sociedad civil del Caribe colombiano. Y esto exige un nuevo liderazgo en la región, porque la clase política tradicional le ha dado la espalda a los intereses de la población y de la industria.
Esa ruta tiene cinco ejes:
- Perfeccionar el argumento técnico y jurídico para refutar el modelo actual y sustentar un nuevo modelo. Ésta es la tarea de la mesa técnica y sus aliados académicos.
- Integrar a los siete departamentos del Caribe colombiano en una gran alianza de la sociedad civil, desde las organizaciones populares hasta los gremios. Para esto hay que crear la Coordinadora Cívica Interdepartamental.
- Movilizar a la sociedad civil en dos rieles: el movimiento popular y el sector empresarial y gremial.
- Incluir el desarrollo completo de la interconexión eléctrica como reivindicación que sustenta tecnológicamente la bandera principal: la unificación nacional de tarifas de energía.
- Confluir con todos los ejes anteriores en un Diálogo Regional Vinculante (DRV) centrado específicamente en la energía. Estos DRV son los mecanismos de planeación y presupuestación participativa que ha planteado el gobierno Petro.
Dos aclaraciones finales:
-El tema de los medidores inteligentes que genera tanto conflicto día tras día entre la empresa prestadora del servicio y los usuarios no es el problema principal y se vuelve un distractor.
-La transición energética es una exigencia planetaria. Hay que impulsar las energías alternativas, la autogeneración y las comunidades energéticas de prosumidores (que son productores y consumidores de energía), idea que viene del programa del partido de gobierno Colombia Humana. Pero esta solución es a mediano plazo y no es capaz de desactivar la bomba social que está a punto de estallar.
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