Por GERMÁN AYALA OSORIO
El presidente Petro a veces actúa como un agente denunciante, mientras que la élite económica se atrinchera y se defiende de los ataques o señalamientos del jefe del Estado. En su “alocución” (si así se le puede llamar a la reproducción de un discurso en El Salado) del 31 de agosto puso en acuso a la empresa Argos de ser una organización despojadora de tierras. De inmediato, salió el expresidiario y expresidente Álvaro Uribe a defender la empresa antioqueña. Horas antes la presidencia de la cementera había enviado una misiva al jefe del Estado en la que señala que “no buscan polemizar, pero rechazan cualquier señalamiento de despojo o desplazamiento”.
Las ya conocidas actuaciones corruptas del Grupo Aval, la animadversión que desde gremios como la ANDI se alimenta contra el presidente de la República al tiempo que promueven la candidatura presidencial del inefable fiscal general, Francisco Barbosa; los desfalcos millonarios en Reficar y Ecopetrol, entre otros casos y la captura de la fiscalía general de la Nación a manos de grupos delincuenciales como el Clan del Golfo, ameritan la concreción de un pacto político nacional soportado en un profundo cambio cultural, sobre todo en las correlaciones de fuerza entre los sectores de izquierda y la derecha.
Dicho pacto debería contar con la participación de los partidos políticos, pese a que vienen actuando como goznes de una élite empresarial dispuesta a hacer lo que esté a su alcance (incluidas “todas las formas de lucha”) para extender en el tiempo sus privilegios de clase y el control sobre los mercados.
La élite tradicional que fundó el viejo régimen colombiano tiene la oportunidad histórica de acordar con el gobierno de Gustavo Petro unas nuevas reglas de juego político y económico que lleven a proscribir el ethos mafioso que orienta la vida de millones de colombianos, así como las decisiones políticas y las que atañan al mercado y las actividades económicas y financieras.
Hay consenso en que el país necesita cambios profundos en las maneras como se genera riqueza y se socializa. Es claro que en este país la riqueza está concentrada en pocas manos, y en ocasiones los logros económicos y financieros están atados a prácticas mafiosas como el pago de sobornos a funcionarios públicos y congresistas, convertidos estos en bisagras de la corrupción público-privada. Fue en el periodo presidencial 2002-2010 que ese ethos mafioso se naturalizó de tal forma, que la corrupción se volvió paisaje.
A ese gran pacto nacional (político y cultural) hay que invitar a las altas cortes, comprometidas también en actos de corrupción y favorecimiento a poderosos sectores. Baste con recordar los hechos del cartel de la Toga y la extraña decisión del Consejo de Estado con la que se tumbó una sanción millonaria a Odebrecht y sus socios por el pago de sobornos en la construcción de la Ruta del Sol II.
En caso de continuar los ataques de lado y lado, el país entrará en una espiral de violencia discursiva y política que hará que las elecciones de 2026 sean, además de violentas, el escenario en el que la derecha irá con todo para vengarse de lo hecho y dicho por el primer presidente de izquierda de Colombia.
@germanayalaosor
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