Las autoridades venezolanas están cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos contra manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del gobierno tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, señaló Human Rights Watch.
Los observadores internacionales han expresado profundos cuestionamientos sobre el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que Nicolás Maduro ganó la elección. Tras el anuncio del CNE, miles de manifestantes han salido a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos. Human Rights Watch ha documentado que las autoridades venezolanas y los grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, han cometido abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y procesos penales arbitrarios y acoso a críticos del gobierno. El 2 de septiembre, un juez emitió una orden de captura en contra del candidato opositor Edmundo González por “instigación a la desobediencia”, “conspiración” y otros delitos.
“La represión que estamos viendo en Venezuela es brutal”, afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. “La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado”.
Un gran número de venezolanos votaron en las elecciones presidenciales, a pesar de que el gobierno cometió irregularidades y violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, inhabilitaciones arbitrarias y restricciones al voto de los venezolanos en el exterior. Varias horas después del cierre de las urnas, el CNE declaró que Maduro había ganado las elecciones con más del 51 % de los votos. El CNE no ha hecho públicas las actas de escrutinio de las elecciones, ni ha llevado a cabo las auditorías y los procesos de verificación ciudadana que exige la ley venezolana.
El panel de expertos electorales de las Naciones Unidas y el Centro Carter, que observaron las elecciones, afirmaron que el proceso careció de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado declarado. En cambio, indicaron que las actas de escrutinio publicadas por la oposición son fiables. El Centro Carter señaló que, con el 81 % de las actas escrutadas, el candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo una ventaja significativa en la elección.
Los venezolanos han salido a las calles en todo el país, sobre todo en sectores populares tradicionalmente partidarios del chavismo, donde se han producido numerosos hechos de represión.
Human Rights Watch recibió reportes creíbles sobre 24 asesinatos en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Human Rights Watch recibió los reportes por parte de organizaciones locales independientes, como Foro Penal, Justicia Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, o los identificó en redes sociales. Human Rights Watch documentó de forma independiente 11 de estos casos, revisando las actas de defunción, verificando videos y fotografías y entrevistando a 20 personas, incluyendo testigos y otras fuentes locales. Muchos familiares, testigos y otras personas que podían proporcionar información sobre los casos no quisieron ser entrevistados por temor a represalias del gobierno.
Human Rights Watch analizó y verificó 39 videos y dos fotografías de las protestas encontrados en diversas plataformas de redes sociales o enviados directamente a los investigadores por personas cercanas a las víctimas, organizaciones y periodistas locales. Los investigadores de Human Rights Watch confirmaron los lugares exactos en los que se filmaron estos videos; analizaron las sombras, patrones meteorológicos y fechas de carga del material en redes sociales para determinar la hora en la que ocurrieron los hechos; y consultaron con patólogos forenses y expertos en armas, que analizaron las heridas de las víctimas y las armas identificadas en los videos y fotografías.
Según las autoridades venezolanas, más de 2.400 personas han sido detenidas en relación con las protestas. La organización de asistencia legal pro-bono Foro Penal registró más de 1.580 “presos políticos” que han sido detenidos desde el 29 de julio, incluyendo 114 adolescentes. Los fiscales han imputado a cientos de personas utilizando delitos que, en ocasiones, están definidos de forma amplia y conllevan penas de larga duración, como “incitación al odio”, “resistencia a la autoridad” y “terrorismo”.
El gobierno también ha intensificado sus tácticas represivas, cancelando pasaportes de críticos del gobierno para evitar que salgan del país, llamando a la ciudadanía a denunciar a manifestantes y realizando redadas abusivas, especialmente en sectores populares. El 15 de agosto, los partidarios de Maduro que conforman la Asamblea Nacional aprobaron una ley que otorga al gobierno amplios poderes para controlar y cerrar organizaciones no gubernamentales.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y México han hecho un llamado para entablar conversaciones con el gobierno venezolano. El 16 de agosto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en el que están representados todos los Estados miembros, aprobó por consenso una resolución en la que insta a las autoridades venezolanas a publicar las actas de escrutinio de cada mesa electoral y a realizar una “verificación imparcial” de los resultados. También instó a las autoridades a respetar los derechos humanos.
La Unión Europea, Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos y europeos también han instado a Maduro a divulgar y respetar los resultados electorales y a garantizar los derechos de los líderes de la oposición, manifestantes y críticos del gobierno. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país, ha declarado que su oficina monitorea activamente la situación.
Es imperativo apoyar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela, incluyendo mediante la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) durante la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, señaló Human Rights Watch. También es importante apoyar la investigación en curso de la Fiscalía de la CPI y considerar la imposición de sanciones individuales a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Asesinatos durante las protestas
Human Rights Watch recibió reportes creíbles de que 23 manifestantes o transeúntes, así como un miembro de la GNB, fueron asesinados durante las protestas, en su mayoría los días 29 y 30 de julio, cuando las protestas alcanzaron su punto más álgido.
Ocho casos ocurrieron en el Distrito Capital, sobre todo en las parroquias populares de El Valle y Antímano. Seis ocurrieron durante la misma protesta en San Jacinto, Maracay, estado Aragua. Los casos restantes ocurrieron en los estados de Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda, Táchira, Yaracuy y Zulia.
Pruebas creíbles recogidas por Human Rights Watch implican a las fuerzas de seguridad, incluyendo la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en varios asesinatos.
En otros casos, los responsables parecen ser grupos de “colectivos” armados partidarios del gobierno. Los “colectivos” llevan años intimidando y acosando a críticos e informando sobre ellos al gobierno, especialmente en las zonas populares. En 2020, la FFM determinó que durante protestas pasadas “los colectivos estuvieron en algunos casos involucrados en el control de multitudes o en violaciones en coordinación con las fuerzas armadas del Estado y/o por instrucción de los dirigentes políticos del Estado”.
Testigos, periodistas y organizaciones que investigaron las recientes protestas describieron a Human Rights Watch el modus operandi de los “colectivos” y las fuerzas de seguridad. Al principio, las fuerzas de seguridad controlan o dispersan las manifestaciones, a menudo utilizando barreras, lanzando gases lacrimógenos y deteniendo a los manifestantes. Si las manifestaciones continúan, aparecen miembros de “colectivos”, quienes a menudo utilizan armas de fuego para intimidar o atacar a los manifestantes.
Por ejemplo, Human Rights Watch verificó un video publicado en TikTok el 29 de julio a las 5:59 p.m. hora local, que mostraría un ejemplo de coordinación entre aparentes miembros de “colectivos” y las fuerzas de seguridad. En el video, al menos tres hombres vestidos de civiles disparan al aire con armas cortas cerca de manifestantes, desde atrás de una barrera conformada por oficiales uniformados. Los manifestantes huyen y se dispersan. Los sujetos disparan sus armas durante más de un minuto. Las fuerzas de seguridad no toman ninguna medida para frenar a las personas de civil o arrestarlas. Human Rights Watch geolocalizó el video en la Avenida Urdaneta en Caracas.
Otros mecanismos de represión
Nueva legislación que restringe el espacio cívico
El 15 de agosto, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. A la fecha, no ha sido ha sido promulgada por Maduro.
Esta ley otorga al gobierno un amplio control sobre el funcionamiento y la financiación de las organizaciones no gubernamentales, exigiendo a todas las organizaciones que operan en el país que se registren y presenten documentos detallados al poder ejecutivo. Las vagas “prohibiciones”, “ilícitos” y causales de disolución de las organizaciones incluidas en la ley socavan gravemente la libertad de asociación. Además, las disposiciones transitorias de la ley imponen plazos extremadamente cortos para su cumplimiento, lo que amenaza con la cancelación inmediata a las organizaciones que no puedan cumplir los requisitos a tiempo.
Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que quiere que la Asamblea apruebe una ley contra el “fascismo”, un término que el gobierno de Maduro ha utilizado para describir a críticos, incluyendo a manifestantes pacíficos.
Anulación de pasaportes
Desde las elecciones del 28 de julio, las autoridades venezolanas han cancelado pasaportes de críticos, dirigentes políticos y periodistas independientes, en lo que parecen ser esfuerzos dirigidos a castigarlos e impedirles salir del país. Las autoridades también han cancelado pasaportes de personas que ya se encontraban en el exterior.
Human Rights Watch recibió información sobre seis casos—incluyendo periodistas en Venezuela y en el extranjero y sus familiares—que se enteraron por el sitio web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), la institución gubernamental que expide los pasaportes, que sus pasaportes habían sido anulados. La página web no indicaba motivo alguno para dicha anulación.
El 15 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de 36 casos similares. El número total puede ser mayor, ya que varios defensores de derechos humanos dijeron a Human Rights Watch que preferían no comprobar la vigencia de su pasaporte en el sitio web por temor a que las autoridades pudieran considerar esa búsqueda como una actividad sospechosa.
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