Por GERMÁN AYALA OSORIO
La autocensura es quizás la práctica más común y aberrante en la que incurren los periodistas colombianos. En esta confluyen el miedo, la incapacidad, los compromisos adquiridos con el régimen de poder, las presiones de la pauta, altas dosis de cobardía y, por supuesto, simpatías políticas e ideológicas.
La conversación que se filtró a la opinión pública, en la que se escucha a los periodistas Vicky Dávila y Jairo Lozano de Semana hablar del laboratorio de cocaína encontrado en la finca de Fernando Sanclemente, embajador de Colombia en el Uruguay en el momento del hallazgo por parte de la Policía, da cuenta de que ambos periodistas se autocensuraron.
Más allá de quién los grabó -un hecho grave- y con qué propósitos filtró la conversación entre los dos reporteros, lo cuestionable aquí es por qué no elevaron al estatus de noticia lo conocido por Lozano, en cuanto a que Sanclemente sí sabía de la existencia del laboratorio instalado en su finca. En los actos de habla “Uy juepueta, entonces Sanclemente si sabía” y “si sabía, pero no se puede decir”, confluyen varios de los elementos que caracterizan la autocensura, como práctica cotidiana del periodismo en Colombia.
Cuando Lozano le dice a Dávila que Sanclemente “si sabía, pero no se puede decir”, deja ver con claridad que el periodista actúa con total sumisión al gobierno de Iván Duque. Para el ejercicio del periodismo no pueden existir temas vedados y mucho menos prohibiciones para develar hechos que claramente son del interés público. De acuerdo con lo dicho por Lozano, que Fernando Sanclemente esté al tanto de lo que sucedía en su finca no solo lo compromete con la comisión del delito de producción de estupefacientes, sino permite colegir que la lucha antinarcóticos constituye una farsa, porque la producción y la distribución de estupefacientes está conectada con altas instancias del poder político. La actitud asumida por los periodistas Lozano y Dávila compromete su ética periodística y aporta al desprestigio del oficio en virtud de la obligación que tienen de indagar, comprobar y confrontar con los involucrados, en este caso el exembajador Sanclemente, el mayordomo de la finca.
Foto tomada de Semana.com
Rumor o no, Dávila, Lozano y la revista Semana, cada vez más cerca del gobierno Duque, debieron informar al país y en particular a sus audiencias sobre la versión o el rumor conocido. No hay razón válida para que los periodistas guardaran silencio ante semejante hecho noticiable.
Al dejar de lado semejante obligación, los periodistas incurrieron en la nociva y aberrante práctica de la autocensura. Y por ese camino, privaron a la opinión pública de conocer un hecho de por sí grave: que en la finca de propiedad de un embajador colombiano operaba un laboratorio para la producción de narcóticos.
La autocensura suele darse para beneficiar a terceros poderosos con los cuales los periodistas tienen una relación de amistad, o guardan simpatías políticas; es posible también que se decida guardar silencio por orden directa del editor o propietario del medio, que al conocer la versión o la insinuación de que Sanclemente sí sabía lo que sucedía en su propiedad, decidió evitarle problemas políticos y económicos (porque se puede ver comprometida la pauta oficial o privada) a la empresa mediática. En este caso, a la revista Semana.
Ahora bien, si la sesión, al parecer de Zoom, de la que participaban los dos periodistas fue interceptada ilegalmente, le corresponde a las autoridades investigar el asunto. Mientras se conocen más detalles, hay que preguntarse qué se buscaba con la filtración de la conversación. Acaso afectar la imagen de los periodistas, en particular la de Victoria Eugenia Dávila, por ser una periodista cercana al régimen político, al “uribismo”, a Uribe. Y en este punto, no se puede dejar de lado la cercanía de Sanclemente con el exsenador de Salgar. Es posible pensar en que el uso político y judicial de lo escuchado a Lozano y Dávila esté asociado a la intención de alguien que busca vengarse de Sanclemente, enlodándolo y haciendo que la Fiscalía dude de la única y total responsabilidad del mayordomo en la comisión del delito.
La autocensura de Dávila y Lozano se da en el contexto de una sociedad que, como la colombiana, deviene en una inocultable confusión moral. A esa circunstancia, de por sí grave, se suma el alejamiento conceptual y deontológico de los dos periodistas, de su propio oficio.
Adenda 1: Me dicen que no se trata de ninguna chuzada o interceptación ilegal.
Adenda 2: Cuando Dávila convirtió la vida íntima y sexual del entonces senador Carlos Ferro y su guardaespaldas, Anyelo Palacios, le bastó solo exponer una grabación que le llegó a sus manos.
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